Un pilar en peligro

por David.
El sector de la intervención/protección social es uno de los pilares del (mal) llamado “Estado de Bienestar”, junto a Educación, Sanidad y Seguridad Social. Dentro de éste, existen 3 modelos de ofrecer los servicios: servicios públicos donde se ubican los Servicios Sociales principalmente, servicios privados con titularidad pública pero gestionados por empresas privadas, y el denominado Tercer Sector, que aglutina a Asociaciones, ONG, Fundaciones, etc.
En cualquiera de los 3 modelos estamos presenciando una oleada de recortes y despidos, lo cual repercute, primero, en la calidad en la atención a las personas que son usuarias de los servicios que se ofrecen, ya que los y las profesionales tienen menos opciones y herramientas de intervención sobre las personas a las que atienden, y segundo y no por ello menos importante, en las condiciones de trabajo en las que los trabajadores y las trabajadoras deben desempeñar sus funciones. Respecto al recorte en los salarios no sólo ha afectado a los del funcionariado, también ha repercutido en el resto de trabajadores y trabajadoras de contratas y subcontratas externalizadas (el sector social es un sector fuertemente privatizado). La anulación de partidas, la congelación de presupuestos e incluso los impagos por parte de las administraciones públicas, están a la orden del día.

A parte, el porcentaje de hogares que no reciben ningún tipo de ingresos ha pasado en 2010 a una tasa del 2,7 por ciento (lo que supone una cifra de más de medio millón de hogares). Aquí un ejemplo: el número de personas beneficiarias de Renta Mínima de Inserción a nivel estatal aumentó más de un 50% en tan sólo dos años, pasando de algo más de 100.000 unidades familiares beneficiarias en 2007 a más de 150.000 en 2009, esto es, más de medio millón de personas.

Sorprendente también es el último informe presentado por Cáritas sobre 'Análisis y Perspectivas sobre Exclusión y Desarrollo Social', (elaborado por la Fundación Foessa), que estima que el 22% de los hogares está por debajo del umbral de pobreza (cálculo que se hace en base a la renta media del país), afectando especialmente a aquellos sustentados por jóvenes y en los que habitan menores. Sólo nos superan Rumania y Letonia. 21 de cada 100 españoles están por debajo del umbral de la pobreza, casi 10 millones de personas.

Por lo tanto resulta evidente que la situación de crisis económica está produciendo un aumento de la desigualdad y de la pobreza, lo cual genera un incremento de la demanda de servicios y prestaciones y, por ello, es más necesario que nunca el sector de la Intervención Social. Las personas más desfavorecidas son las que sufren en mayor medida las políticas de recortes sociales establecidas.